Protesta en España (19F)

Masiva y pacífica protesta contra la reforma laboral en España

Madrid concentra el descontento con una afluencia masiva a la manifestación que los sindicatos comparan en asistencia a la de la huelga general de 1988 | Los sindicatos estiman que 400.000 personas han participado en una manifestación que ha concluido de manera pacífica en la capital catalana

Economía | 19/02/2012 - 15:41h

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Masivo rechazo contra la reforma laboral en las calles de las principales ciudades españolas. Convocadas en 57 municipios del Estado, Madrid y Barcelona han concentrado el mayor número de asistentes a las manifestaciones organizadas por los sindicatos CC.OO. y UGT en contra de la modificación del mercado de trabajo español.

En Barcelona se ha vivido una multitudianaria y pacífica protesta. Miles de personas, 400.000 según sindicatos y 30.000 según el Departament d'Interior, han salido a la calle en la capital catalana para protestar contra la modificación "brutal" del mercado de trabajo español, en una manifestación que ha reunido a sindicatos y a los partidos de la izquierda catalana.

La protesta ha concluido sin que se hubieran registrado incidentes destacables. En Girona han sido 8.000 las personas que se han congregado en la manifestación; en Tarragona, 4.000, en Lleida, 3.000; y en Tortosa, 1.000 manifestantes, siempre segun las cifras que manejan fuentes sindicales, que han comparado la asistencia en la capital catalana con la de la última huelga general.

Tras el lema "Ni reforma laboral, ni recortes", los sindicatos CCOO y UGT encabezan la manifestación que discurrirá por el céntrico paseo de Gràcia, donde miles de personas llevan banderas, pancartas y hacen sonar silbatos en contra de la reforma promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En Madrid, como en la huelga general de 1988

La manifestación en protesta contra la reforma laboral en Madrid ha sido masiva. Más de medio millón de personas, según los sindicatos, se han agrupado en torno a una cabecera liderada por los secretarios generales de Comisiones Obreras, Juan Ignacio Fernández Toxo y UGT, Cándido Méndez, en medio de grandes medidas de seguridad para evitar la injerencia de grupos radicales. CC.OO. y UGT han asegurado que se trata de la mayor manifestación desde la huelga general de 1988.

La afluencia ha sido tal que la cabecera de la manifestación ha tardado más de dos horas en poder entrar a la abarrotada Puerta del Sol, lugar donde los sindicatos han leído un manifiesto. Al término de la lectura cuando se escuchaba La Internacional alguien ha arrojado pintura amarilla al estrado donde estaban Toxo y Méndez, acompañados de otros dirigentes sindicales. En el caso de Méndez algo de pintura le ha alcanzado la cara, que se la ha limpiado sin más problemas. A pesar de eso, la marcha ha desarrollando de forma pacífica y sobria, sin la fanfarria habitual de este tipo de actos, en un ambiente de reflexión.

Otras cifras de participación que ha dado el portavoz sindical han sido las de Valencia, unas 80.000, Gijón casi 50.000 y Zaragoza 70.000. Entre los asistentes a la marcha se podido ver a la viuda de Marcelino Camacho, Josefina Samper, o al socialista Valeriano Gómez, entre otros.

Las valoraciones de los sindicatos

En Barcelona, en declaraciones a los periodistas, el secretario general de CCOO en Catalunya, Joan Carles Gallego, ha señalado que la reforma laboral es "inútil e injusta" y ha exigido al Gobierno que la salida de la crisis se haga "con la gente y no contra la gente".

El secretario general de UGT en Catalunya, Josep Maria Álvarez, ha denunciado que esta reforma se ha aprobado para dar más poder a los empresarios y ha exigido a CiU que no se convierta, en Catalunya, en "el azote a los trabajadores". Tanto Álvarez como Gallego han advertido que la manifestación de hoy supone el inicio de una serie de protestas contra la reforma, han exigido al Gobierno que se siente a negociarla y han avisado que si no se cambia podrían llegar a convocar una huelga general.

La manifestación ha transcurrido en un ambiente reivindicativo con constantes proclamas contra la reforma laboral, que los sindicatos consideran "ineficaz, injusta e inutil". Tras la cabecera inicial conjunta de CCOO y UGT, han desfilado los principales dirigentes de la izquierda catalana, con sus propias pancartas, que hoy han secundado también el rechazo a la iniciativa planteada por el Gobierno del PP.

En representación del PSC han acudido su primer secretario, Pere Navarro, acompañado de la dirigente socialista y exministra de Defensa, Carme Chacón, así como de los dirigentes Miquel Iceta y Joan Rangel. De ERC han acudido al acto su presidente, Oriol Junqueras, flanqueado por los diputados republicanos en el Congreso Joan Tardà y Alfred Bosch, entre otros.

Mientras que por ICV-EUiA han acudido sus máximos dirigentes, Joan Herrera y Jordi Miralles, respectivamente. Al final de la manifestación se han sumado también un grupo de autodenominados "yayoflautas", así como miembros del sindicato CGT, que reivindican directamente la convocatoria de una huelga general y que, según Interior eran unas 3.500 personas.

En Madrid, los líderes sindicales, en una rueda de prensa antes del inicio de la protesta, se han ofrecido como cauce democrático para canalizar la protesta social contra el ajuste. Tal como afirmó Méndez "nos ofrecemos como cauce de diálogo para vehicular la protesta de forma democrática. Nosotros no queremos protestar sino reformar". Toxo fue mas allá y afirmó que si el gobierno no lo tiene en cuenta, "será el responsable de lo que pueda pasaren la calle". Con estas advertencias los dirigentes sindicales respondieron a la campaña de prestigio iniciada contra los sindicatos.

En la manifestación y en medio de frecuentes invocaciones a la huelga general los dirigentes pidieron diálogo para que se tenga en cuenta a los trabajadores en el ajuste que ha emprendido el gobierno. El lema de la protesta ha sido "No a la reforma laboral. Injusta con los trabajadores y trabajadoras. Inútil para el empleo. Ineficaz para la economía".


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19-02-2012

La criminalización de la protesta social

La escalada autoritaria en España

Arturo Borra
Rebelión


No hay política de ajuste que no implique, simultáneamente, como su contracara necesaria, una política represiva orientada a la domesticación de la protesta social. Al ineludible incremento de la conflictividad social ante decisiones radicalmente desequilibradas en la distribución de privilegios y perjuicios, el gobierno nacional arremete contra las libertades cívicas, incluyendo el derecho a manifestación y reunión. Medidas antipopulares como la reforma laboral, el brutal recorte del gasto social simultáneo al mantenimiento de los privilegios presupuestarios de la corona, la iglesia católica y las fuerzas armadas, la acentuación de un sistema fiscal regresivo, el retroceso en términos de derechos de las mujeres, la inhabilitación judicial de un juez emblemático como Garzón (por su investigación de crímenes de lesa humanidad y de una de las tantas tramas corruptas existentes) o el rescate público a la banca privada, entre otras medidas, tienen como corolario la instauración de un estado policial que se sustrae de las leyes de excepcionalidad que institucionaliza para actuar al margen de todo control democrático, generalizando la suspensión temporal de derechos en nombre de una situación de urgencia.

En efecto, en nombre de esa urgencia, la derecha gubernamental española -presionada internamente por sus facciones más ultraconservadoras y a nivel externo por una unión europea cooptada por el poder financiero global- no tiene más respuesta ante las diversas demandas sociales que la criminalización de los participantes en las manifestaciones sociales y la usurpación policial del espacio público en nombre del orden social. El propio emplazamiento ideológico sitúa al partido gobernante en el dilema de cargar contra los manifestantes y atizar la indignación colectiva o de permitir su movilización y contrariar los deseos de una parte significativa de su electorado.

La resolución al dilema no ha tardado demasiado en llegar: la apuesta por judicializar los conflictos sociales resulta clara. Que para esa tarea la policía se emplee a fondo, imputando a los manifestantes delitos de desorden público, resistencia y desobediencia a la autoridad (a pesar de las evidencias en sentido contrario), no debería hacernos perder de vista algo mucho más grave: no sólo que el aparato represivo estructurado durante el franquismo nunca fue desmontado sino que lo que está en curso es una política transversal en Europa, producto del desplazamiento de una variante social-demócrata más o menos benevolente del capitalismo a una variante neoliberal mucho más virulenta.

La adquisición millonaria de materiales antidisturbios ya hacía prever esta intensificación de las políticas represivas en España. Que enfrente estén miles de ciudadanos protestando (desde parados y estudiantes, pasando por políticos de izquierda y miembros de sindicatos minoritarios hasta trabajadores del sector público o jubilados) no parece conmover en lo más mínimo al nuevo bloque gobernante. La escalada autoritaria acaba de empezar. Bajo la supervisión de unas instituciones políticas europeas subordinadas a las oligarquías financieras, el partido gobernante tiene vía libre para proseguir la dirección que ya se figuraba en el anterior gobierno nacional: destruir los últimos restos del estado de bienestar, disciplinar a las clases trabajadoras y consolidar el gran capital financiero y empresarial.

Erigido en mayoría absoluta por una ley electoral antidemocrática que suelda legalmente el bipartidismo como política de estado y a pesar de ser una primera minoría (recuérdese que el PP apenas obtuvo el 30 % de los votos del censo electoral), el gobierno actual sabe que las políticas de ajuste y el rescate de los agentes financieros no se producirá sin resistencias sociales relevantes. De ahí la decidida apuesta por criminalizar a los grupos y movimientos sociales contestatarios que ponen de manifiesto el malestar colectivo. Su objetivo político no es tanto suprimir de lo público las protestas sociales (objetivo que no puede sino fracasar estrepitosamente) sino domesticarlas, esto es, regular sus movimientos y encauzar sus apariciones, en suma, procurar controlar un devenir que, de otro modo, podría dar lugar a lo imprevisible, a la puesta en acto del fantasma de la revuelta o de lo que hay de excedente incontrolable en el acontecimiento.

No es sólo un problema de arrogancia amparada en una mayoría parlamentaria (manifiesta por lo demás en cargas policiales tan desproporcionadas como torpes en la previsión de sus efectos negativos); lo que está en marcha es la construcción de un poder soberano para-estatal que consolide un modelo de acumulación basado en la concentración de la riqueza y en el disciplinamiento social. Que para ese fin se produzca una “movilización total” del bloque dominante no debería extrañar, empezando por el despliegue de una retórica cínica que recuerda las peores anticipaciones de Orwel en 1984: desde esa perspectiva, no hay vacilación alguna en presentar de forma invertida la reforma laboral como una “garantía de empleo”, la destitución vergonzosa de Garzón como un “ejemplo del estado de derecho”, el recorte (selectivo) como una “medida para preservar el estado de bienestar” o el salvataje de entidades bancarias privadas como una “defensa del interés general”. Que los portavoces de las clases dominantes insistan en la limitación del derecho de huelga sin el más mínimo pudor democrático forma parte de esta escalada autoritaria requerida para alterar la anatomía de una formación social capitalista habituada hasta fechas relativamente recientes a un régimen de pequeños privilegios (basado en la promesa de un acceso ilimitado al consumo). Que ese régimen se haya sostenido históricamente por la transferencia del malestar a los países periféricos, tal como la izquierda más lúcida viene anticipando desde hace décadas, no niega el carácter ilusorio de esa promesa. El endeudamiento crónico, el empobrecimiento extendido y la metamorfosis de los mercados de trabajo (arrojando a millones de personas al paro y sobreexplotando a tantos otros) hacen visible lo que en una fase previa operaba de forma latente; a saber, que el modelo de crecimiento capitalista estructuralmente presupone la desigualdad de clases y, en última instancia, la pauperización de franjas sociales cada vez más vastas.

En cualquier caso, el sesgo autoritario de la derecha gobernante señala la debilidad de su poder hegemónico al momento de legitimar unos cambios que ya vienen predeterminados por los organismos de crédito internacional y sus portavoces comunitarios. El salvataje de la burguesía financiera y empresarial tiene como contrapartida la precarización no sólo del trabajo sino de las condiciones de vida de las clases populares y medias españolas, precedida por la marginación y discriminación laboral e institucional de la población inmigrante y refugiada. La destrucción de múltiples derechos económicos, sociales y culturales, las fuertes restricciones al acceso a los servicios públicos y la tendencia a su privatización (incluyendo la gestión de las pensiones, de la sanidad y de la educación terciaria), son otras tantas consecuencias necesarias de un sistema político cada vez más subordinado a los imperativos sistémicos. Que esa metamorfosis salvaje de la “sociedad” se haga en nombre del “interés público” no cambia las cosas. Como enfatiza Laclau, “la sociedad no existe” en tanto presunto orden unificado. Lo que persiste, más bien, es un tejido social escindido, en el que las clases dominantes han iniciado una ofensiva global sin precedentes. No cabe descartar que estemos llegando a un punto de no retorno, en el que la destrucción del medioambiente y la pauperización de las mayorías sociales se articula a la eliminación del considerado “excedente humano”, no sólo a través de guerras a medida del complejo industrial-militar trasnacional sino también a través de hambrunas locales, perfectamente evitables con controles mínimos sobre el sistema de especulación mundial.

Que ese punto de no retorno sea sistemáticamente desconocido por parte de los medios masivos de difusión, esto es, que las políticas informativas hegemónicas no sean sino otra forma de desinformación crónica, funcionales a un complejo mediático-empresarial cada vez más concentrado, es otro signo de la escalada autoritaria que aludíamos previamente. La crisis de legitimidad sistémica se transforma en planificación del engaño. Al neoliberalismo económico –lo sabemos al menos desde las dictaduras latinoamericanas de los 70- siempre le sentó bien la “mano dura”. El autoritarismo político y el neoconservadurismo cultural son sus mejores aliados. Que en España esas tradiciones remiten a la perversa herencia franquista no parece dejar mucho margen de duda, pero eso no es óbice para recordar que la dinámica político-económica rebasa esa herencia histórica y compromete al capitalismo en su fase actual, no sólo como modo de producción de excedentes sino también como modo de destrucción planetaria.

Si lo que está en curso en una dimensión económica es una vertiginosa concentración de la riqueza social, lo que se hace manifiesto en el sistema político es, por usar la expresión de Rancière, un auténtico «odio a la democracia». Además de una afrenta radical contra las demandas de justicia, el nuevo (des)orden mundial ha activado una gigantesca máquina de trituración de vidas humanas, indiferente a cualquier regulación (o limitación) externa. Que esa máquina tenga sus beneficiarios concretos no niega el estado de descontrol en que se encuentra. Sus beneficiarios, en última instancia, no son más que engranajes o enganches atrapados en su funcionamiento maquínico.

En última instancia, ante esa dinámica, ni siquiera la derecha más totalitaria se propone clausurar toda manifestación de disidencia. No podría conseguirlo aunque se empecinara. La lógica del terror es demasiado onerosa y, en consecuencia, está reservada para aquellos colectivos que el poder económico-financiero soberano dictamina como no “integrables” por otros medios. Cuando no alcanzan los golpes de mercado, se los complementa con un uso controlado de la violencia policial. Im-poner el miedo en los cuerpos, fijarlos a la cuadrícula de lo políticamente previsible, en suma, taponar su energía revolucionaria, son algunas de las tantas modalidades sistémicas de atemperar esa disidencia, asimilándola como parte de la representación (teatral) del “juego democrático” (reducido a la lógica de alternancia de las oligarquías parlamentarias).

En las condiciones del presente, resulta cada vez más plausible la tesis de que estamos viviendo en un umbral en el que las fronteras entre “estado democrático” y “estado totalitario” tienden a hacerse cada vez más difusas (lo que no significa que coincidan plenamente). Hay motivos más que razonables para sospechar que estamos internándonos en esa zona indiscernible donde “democracia” y “totalitarismo”, “autogobierno” y “dictadura”, ya no forman alternativas formales de una dicotomía política sino elementos de una conjunción sistémica. Podría incluso argumentarse que no se trata en absoluto de una conjunción sino de una fagocitación creciente del primer término por el segundo. Lo que está en peligro, en ambos casos, es el proyecto de una sociedad en el que la autonomía individual y colectiva no sea una mera pantalla de una sociedad administrada.

Aunque este peligro no sea estrictamente novedoso, su intensificación presente en el contexto europeo quizás sea indicio de una ofensiva sin precedentes. A la política del miedo que quieren institucionalizar, la réplica de la izquierda radical no puede ser otra que la politización radical de las actuales formas institucionales. Ante la reestructuración del capitalismo nuestra apuesta debería ser la desestructuración de su hegemonía, haciendo visible su violencia cotidiana. Desafiar el miedo, en este punto, deviene práctica activa de la disidencia.

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Derechos adquiridos se pierden

Analista internacional estima que protestas en España aumentarán

Caracas, 20 Feb. AVN.- El periodista español y corresponsal del canal Telesur, David Segarra, estimó este lunes, que las protestas en España irán en crecimiento, pues considera que se están perdiendo derechos que durante décadas fueron adquiridos.

"Estas protestas van a ir en crecimiento constante, y va a haber una respuesta del Estado español, porque la situación se está volviendo insostenible", expuso.

Recordó que en Europa se mantienen acciones de represión a las manifestaciones de estudiantes y de ciudadanos, que protestan en contra de la implementación de medidas de ajuste y recorte en diversos ámbitos.

En Grecia, por ejemplo, se aplicaron acciones en las que se estipula el despido masivo de empleados públicos, la privatización de empresas estatales y el aumento de impuestos, en tanto que en Francia, España e Italia también se llevan adelante medidas de recortes de la inversión social.

"Ya vemos las primeras consecuencias. Están protestando y la respuesta del gobierno español ha sido brutal, frente a jóvenes de 15 años que luchan, protestan y piden que se les mantengan el derecho a una educación pública, así como a un trabajo digno", expresó el periodista, durante su participación en el programa Dando y Dando, transmitido por Venezolana de Televisión.

En su criterio, las políticas implementadas representan una radicalización de las ejecutadas por José Luis Rodríguez Zapatero. "Son mucho más duras, en el sentido de ir recortando los derechos sociales que han constado siglo y décadas conseguir", añadió.

Considera que los pueblos de Europa deben mirar hacia América Latina, donde a su juicio, se están desarrollando nuevas alternativas. "La mayor ayuda que puede hacer Venezuela y el mundo, es seguir siendo como son: progresando, evolucionando y mostrando que sí hay un camino, pero bolivariano y latinoamericano", sentenció.

AVN 20/02/2012 20:39


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